En Ecuador, los primeros 100 días de gestión legislativa y presidencial dejan más sombras que luces. La Asamblea Nacional, concebida como contrapeso al Ejecutivo, ha optado por convertirse en su brazo político. Con una mayoría de 77–78 votos, aprobó seis leyes, cuatro de ellas “económicas urgentes”, todas hoy cuestionadas ante la Corte Constitucional. El procedimiento exprés ha limitado el debate de temas cruciales —como la seguridad o la arquitectura financiera de las bandas criminales— que, por su importancia, demandaban un análisis profundo y no una aprobación apresurada.

Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa también cumple cien días desde su reelección el 24 de mayo. El presidente exhibe logros macroeconómicos —como la reducción del riesgo país y la apertura de nuevos mercados— junto con una reestructuración administrativa que eliminó ministerios y miles de empleos públicos. Sin embargo, la estabilidad que miran los mercados contrasta con la vulnerabilidad que siente la población: la pobreza sigue en aumento, la inseguridad no cede y los apagones eléctricos reaparecen como amenaza. A ello se suma una crisis de salud que el Ejecutivo niega, pero que resulta evidente en hospitales sin insumos ni medicinas.

Lejos de fortalecer la institucionalidad, el oficialismo ha emprendido una ofensiva contra la Corte Constitucional, a la que se llegó a llamar “enemiga del pueblo” tras suspender artículos de leyes mal tramitadas. La militarización de la seguridad ha derivado en denuncias de desapariciones forzadas, mientras en Azuay el Ejecutivo insiste en proyectos extractivistas que chocan con la voluntad popular expresada en consulta, cuando Cuenca decidió proteger sus fuentes hídricas. El discurso de gobernabilidad parece traducirse en concentración de poder y erosión de derechos.

Celebrar estos cien días, en tales condiciones, no debería ser motivo de orgullo. Es más bien una advertencia: el país avanza por la senda de la improvisación, el apuro y la confrontación con sus propios contrapesos. Tanto la Asamblea como el Ejecutivo deben recordar que su legitimidad proviene de la ciudadanía, no de mayorías coyunturales ni de popularidades efímeras. Recuperar la deliberación pública, la fiscalización y el respeto a la voluntad popular es la única forma de que estas instituciones respondan al mandato democrático que juraron representar.