En la segunda vuelta presidencial, millones de ecuatorianos optamos por el actual mandatario no por su carisma, experiencia, ideología ni filiación capitalista. Votamos por él para evitar la soberbia, la represión y el autoritarismo que nos arrastrara hacia los modelos de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Fue un voto por la democracia, por la libertad de pensamiento, por el derecho al disenso sin miedo a ser insultados ni condenados.

Pero que lo sepa bien el señor Presidente: ese voto no fue un cheque en blanco. No le fue conferido para reeditar la prepotencia, el autoritarismo y el cinismo del líder de una organización hoy desenmascarada como deshonesta y criminal. El rostro del autoritarismo no necesita cadenas nacionales ni pactos con mafias: puede ser joven, sonriente y supuestamente liberal. Cuando se gobierna sin una cosmovisión de bienestar, se despide sin justicia y se actúa sin diálogo, los vicios del pasado reaparecen con otro ropaje, pero igual de peligrosos.

Estas prácticas, vengan envueltas en trajes azules, rojos o morados, no deben tolerarse bajo ninguna bandera política. Se apoyarán siempre las acciones que promuevan el desarrollo y la dignidad del pueblo, y se denunciarán aquellas que perpetúen privilegios a costa de las mayorías.

Amparado en una reestructuración estatal que reduce de 20 a 14 los ministerios, el gobierno pretende ejecutar el despido de 5.000 empleados públicos, muchos de ellos sin la más mínima compensación, así sea con nombramiento definitivo. Esta medida recuerda al nefasto decreto 813, que en su momento el populista sin ideología dejó fuera de trabajo a más de 10.000 servidores públicos.

Siempre se respaldó la eliminación de la burocracia innecesaria —esa que el jefe de la “mafia” construyó para controlar y perpetuarse en el poder—. Por eso se apoyó la propuesta de aligerar el aparato estatal. Sin embargo, resulta no solo incoherente, sino grotesco, que hoy ex altos funcionarios correístas, incluso asesores, ocupen cargos en el entorno cercano del actual gobierno, mientras se habla de eliminar la mafia en la administración pública.

Lo más grave es que los despidos también afectan a sectores sensibles como la salud. Mientras hospitales y casas de salud claman por médicos, enfermeras, laboratorios y medicinas —y no por más burócratas de escritorio o agudas “argudos”—, se prescinde de personal sanitario indispensable. La Federación Médica Ecuatoriana ha levantado su voz, anunciando acciones legales para defender no solo los derechos laborales de los profesionales, sino por el de los pacientes que siguen muriendo en los pasillos por falta de atención y medicinas. (O)