En medio de muertes violentas, asaltos y robos la Corte Constitucional (CC) eligió favorecer a extorsionadores, sicarios y secuestradores al permitir que delincuentes reincidentes eviten la prisión preventiva. Con la sentencia 49-21-CN/25, magistrados podrán reemplazarla con presentaciones periódicas o grillete. Antes, la prisión preventiva era obligatoria, pero ahora, gracias a la “Corte intocable”, cualquier juez podrá permitir que estas personas estén libres hasta su juicio, incluso si ya tienen antecedentes, siempre que “cumpla con los requisitos”, los que dependerán del criterio y de cuán sobornable sea el juez. En la práctica significa que la CC abrió el camino para que delincuentes que antes no podían salir, ahora tengan una vía legal para hacerlo. Así demuestra que vela por los intereses de los delincuentes y no por el de las víctimas.

Es incuestionable que los nueve jueces operan como brazo jurídico del crimen organizado. De una vez deberían declararse un GDO independiente.

Si les parece exagerado el reclamo hacia la CC, es lo mínimo que se debe hacer como ciudadanos. O ya nos olvidamos las sentencias que lanzó contra la niñez y la familia, como: la ideología trans en las escuelas (28/nov/24); libertinaje sexual en adolescentes a partir de los 14 años (15/dic/2021); rechazo a Ley Revaas (registro de abusadores) (4/dic/2019).

En la mayoría de países de nuestro continente los jueces están sujetos a un control político para garantizar una justicia autónoma, preservar el equilibrio entre los poderes del Estado y evitar excesos en la toma de sus decisiones. La Corte Suprema de Paraguay removió a algunos de sus magistrados en el 2014; y la Corte de El Salvador reemplazó a varios de sus jueces en el 2021.

En Ecuador, los magistrados de la CC sólo pueden ser removidos por sus propios pares. Algo así como que “entre jueces, no se pisan las togas”. Y como resultado tenemos una “Corte intocable” que redefine el futuro del país sin dar explicaciones a nadie, convirtiéndose en un ente de supremacía judicial. Los nueve juececillos de la CC que dejaron la puerta abierta para que los criminales vuelvan a las calles y sigan haciendo de las suyas, no pueden quedar exentos de la rendición de cuentas que se exige a todos los funcionarios que colaboran bajo un régimen democrático. Con estos hechos en contra, ¿van a seguir defendiendo al brazo político de la mafia? (O)