Aunque sus orígenes son precolombinos, la Carta Magna de 1998 permitió su reconocimiento oficial y su inserción en el marco jurídico del país como un derecho colectivo. La Constitución de 2008, le dotó de la misma jerarquía que la justicia ordinaria; por esta razón, en el art 190, aparte del arbitraje y la mediación, se reconocieron los otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos.

La justicia indígena comenzó a operar en el Ecuador de manera implacable, desconociendo el mismo precepto constitucional del respeto innegociable a los derechos humanos, conformando maneras muy cuestionables de sancionar los embrollos de los miembros de sus comunidades. Castigos con la utilización de la ortiga, los baños con agua helada, los azotes, el caminar largos trayectos desnudos, son parte de sus prácticas. Así, supuestamente purifican las penas de quienes cometen delitos como robos de ganado, usurpación de bienes, disputas sobre tierras, riñas familiares y la falta de respeto a los miembros de su población. Se entendía que no era solamente el castigo lo que inspiraba sus actos, sino el alcanzar la armonía y equilibrio de su actuar, lo que se conoce como justicia restaurativa.

Quedaba entonces la aplicación de la justicia ordinaria o retributiva para las infracciones graves, como los atentados a la vida, la salud pública; los penales, como el secuestro, la extorsión, y el narcotráfico; los que atentan a la integridad de la administración pública y el patrimonio del Estado, como el peculado, el cohecho, la concusión y enriquecimiento ilícito.

¿Será entonces que la justicia indígena violó sus preceptos cuando permitió que sus miembros más notorios como Leonidas Iza y Jaime Vargas no sean juzgados, por ser autores intelectuales e inclusive materiales de actos terroristas, muerte de compatriotas por efectos colaterales, y destrucción de bienes, inclusive, en parte de sus propias zonas de influencia, en los paros de 2019 y 2022?

El jueves pasado, la asamblea comunitaria en Planchaloma (Cotopaxi) ha imputado a tres uniformados identificados como Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán quienes cumplían trabajos de inteligencia al existir la sospecha de un atentado contra Iza, a pedir disculpas públicas y a prohibirles la entrada a sus territorios por 10 años.

La Policía Nacional había anunciado que denunciaría ante Fiscalía un presunto secuestro. Y aunque sus líderes aseveren haber tratado bien a los policías sin torturarlos, el accionar de los indígenas crea un gravísimo precedente en el Ecuador, pues se estaría impidiendo a la justicia ordinaria y sus organismos de apoyo investigar posibles delitos, convirtiéndose sus espacios en verdaderos claustros poblacionales, a los cuales no es posible acceder ni para detener el cometimiento de actos contrarios o su propia existencia.

Iza dice que le persiguen para atentar contra su vida. En cambio, la gran mayoría de ecuatorianos conocedores de su forma de actuar violenta, alejada del diálogo constructivo y la convivencia racional, creen que esta aseveración es una estrategia para levantar su alicaída imagen y pérdida de liderazgo. Ustedes queridos lectores ¿Qué opinan? (O)