La multitudinaria marcha realizada por azuayos y cuencanos, en oposición a la pretensión de realizar la explotación minera en Quimsacocha, marca un hito en la historia de las movilizaciones sociales no solo de la región, sino del país. Una movilización que al Gobierno no le conviene minimizar y a la cual deber responder con la derogatoria de la licencia ambiental para el proyecto minero “Loma Larga”. Al respecto, la provincia del Azuay alberga en su territorio a bosques, páramos, lagunas y ríos, por lo que es una fuente importante de recursos hídricos. Sin embargo, estos recursos y el derecho al agua como un derecho humano fundamental podrían ponerse en peligro por la explotación minera, que se pretendería realizar en zonas ambientalmente sensibles; una explotación que se enmarca en el modelo económico extractivista, que ha sido defendido tanto por los denominados Gobiernos "progresistas", como por los Gobiernos neoliberales, en este último caso por el Gobierno de Daniel Noboa. La actual Constitución de Ecuador en el título II referido a los derechos, y más concretamente en el capítulo II que trata sobre los derechos del “buen vivir”, establece que: “El derecho al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Adicionalmente, el artículo 406 de la Constitución establece que: “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales …
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