En la historia política del Azuay, sus representantes solían ser recordados por la dignidad y la coherencia con que defendían las causas de la provincia. Fueron, en muchos casos, figuras que, con sus aciertos y errores, supieron representar el sentir de un pueblo que históricamente se ha jugado entero por la defensa del agua, la vida y la autonomía. Por eso duele, y duele profundamente, constatar la vergüenza que significa la actuación de ciertos asambleístas que hoy, con su voto o con su silencio, han decidido darle la espalda a una propuesta ciudadana que buscaba exigir rendición de cuentas en materia ambiental, justamente en torno a las amenazas del extractivismo en Quimsacocha.

La reacción ciudadana no podía ser otra que la indignación. Porque lo que vimos no es un simple desacuerdo político: es una conducta que raya en la alta traición. No se trata solo de votar contra una moción; se trata de ir en contra de un mandato popular expresado con contundencia en la consulta de 2021, cuando Cuenca y el Azuay dijeron con claridad que el agua no se negocia. Quienes hoy se oponen a transparentar la gestión ambiental traicionan esa voluntad y, al hacerlo, muestran que no son dignos del legado de participación y dignidad que marcaron a los grandes representantes del Azuay. Al lado de aquellos gigantes, estas actuaciones no son más que exabruptos menores, estelas de mezquindad.

No representan al Azuay quienes no son capaces de leer sus necesidades vitales: la defensa de sus fuentes de agua, la energía que lo sostiene, la conectividad que lo integra y, ahora más que nunca, el cuidado ambiental. No representan al Azuay quienes se pliegan servilmente a la política extractivista del gobierno central, silenciando sus voces oponiéndose a resoluciones que exigen rendición de cuentas. No representan al Azuay quienes, incapaces de articular un pensamiento propio, repiten libretos mal aprendidos, dictados desde los pasillos del poder en Quito.

A duras penas se representan a sí mismos. Sus votos y actitudes exponen un carácter débil, un conocimiento precario y una ausencia total de sensibilidad frente a luchas históricas. El Azuay no los reconocerá como suyos, porque aquí la dignidad no se negocia. La memoria de parlamentarios como Susana González, abanderada de la descentralización —legislación que marcó un hito en la historia del Ecuador—, o José Cordero Acosta, defensor de la titularidad sobre los servicios de instituciones icónicas de la provincia y promotor de leyes fundamentales para el país como la creación de la Defensoría del Pueblo, la ley contra la violencia hacia la mujer, el niño y la familia, o la Ley de Arbitraje y Mediación, nos recuerda que la política podía estar al servicio de los más altos principios y dignificar el nombre del Azuay. Frente a ese legado, la mezquindad de hoy no es solo una traición: es también una vergüenza que quedará escrita en las páginas más oscuras de la representación parlamentaria de la provincia. (O)

@avilanieto