A partir del próximo 1 de septiembre, 119.000 estudiantes de Cuenca retornarán a las instituciones educativas públicas para dar inicio al nuevo año lectivo 2025-2026 del régimen Sierra-Amazonía. Hasta entonces, las familias ya han empezado a alistar todos los requerimientos para la vuelta a las aulas.

Lo mismo sucede con las familias de los establecimientos particulares y fiscomisionales. Con las listas de útiles en mano, en el centro de la ciudad ya hay movimiento de madres, padres y representantes de los estudiantes. De a poco, las papelerías empiezan a llenarse de personas que buscan conseguir los materiales que se requerirán en el nuevo año lectivo. Y, con ello, también inician los controles de los precios.

Se ha vuelto una constante, en las semanas previas al inicio del año lectivo, las denuncias en contra de los precios elevados, principalmente de los libros escolares. Y en este 2025 no ha habido excepciones.

Hasta el momento, la coordinación de la zona 6 del Ministerio de Educación ha receptado seis denuncias por los valores y redireccionamiento de la compra de los textos en ciertos espacios. Sobre este particular se refirió Gustavo Sánchez, coordinador del Ministerio de Educación en Azuay, Cañar y Morona Santiago.

“Hay instituciones educativas que tienen convenios con papelerías para dar un descuento por la compra de libros. Sin embargo, hay que ser claros, no se puede obligar a comprar los libros en un espacio en específico”, dijo Sánchez a El Mercurio.

Lo mismo sucede con los útiles escolares: las escuelas, colegios o unidades educativas no pueden obligar a los padres de familia y representantes de los estudiantes a comprarlos en espacios exclusivos.

En cuanto a los valores excesivos, Sánchez informó que desde la próxima semana se harán operativos en las papelerías para verificar los precios de los materiales escolares, así como de los libros. En los controles participará la Intendencia del Azuay y el Servicio de Rentas Internas (SRI) había informado la semana pasada la intendenta de la provincia, María de los Ángeles Palacios.

“El SRI también sale con nosotros para poder hacer el control porque a veces no tienen la facturación, y, sobre todo, porque a veces se ponen (negocios) por dos meses para vender los útiles y luego de eso cierran. Entonces ellos no tienen una base jurídica como un RUC, por ejemplo”, explicó Palacios a El Mercurio.

Sobre los uniformes

Otra aclaración que hizo el coordinador de la zona 6 del Ministerio de Educación fue sobre los uniformes. Sánchez enfatizó que es obligatorio usar las prendas de vestir de las instituciones educativas. No obstante, lo que no es obligatorio es solicitarles la compra de uniformes nuevos.

Es decir, no hay ningún impedimento para que los estudiantes pueden reusar las prendas escolares.

Sobre los cambios de uniformes, asimismo, Gustavo Sánchez dijo que ninguna institución ha hecho solicitudes, a excepción de La Salle, que ya lleva algún tiempo con un proceso paulatino y de sociabilización para hacer un cambio en sus prendas escolares. (I)

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