Los despidos de 5.000 empleados públicos, realizado hace días por parte del Gobierno nacional, ha generado polémica entre diversos actores sociales y políticos. Desde el Gobierno se ha pretendido justificar dichos despidos argumentado que es para mejorar la eficiencia en la gestión pública y ahorrar alrededor de 120 millones de dólares para el Estado. Sin embargo, el hecho de que los despidos se hayan realizado intempestivamente, sin una debida evaluación técnica (Incluso a funcionarios de carrera de muchos años de servicio) ha generado protestas y ha fortalecido la idea de que los mismos responderían, más vale, a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual el Gobierno actual se mostraría también muy cumplidor en otras exigencias de política económica. Es que, para la visión económica del FMI, que coincide con la visión neoliberal del Gobierno, la disminución del gasto estatal asoma como una prioridad para avanzar en la supuesta “estabilidad fiscal”; una disminución que incluiría no sólo una reducción del tamaño del Estado (que más adelante incluiría el despido de más empleados públicos), sino una reducción de los recursos para las áreas de política social (como salud y educación) y una disminución de los recursos para obras públicas ( que se expresaría, por ejemplo, en la mínima ejecución de los presupuestos para estas obras). Aún más, resulta poco creíble el argumento gubernamental de ahorrar recursos cuando al mismo tiempo se anuncia un “programa laboral” para 80 mil jóvenes, con un salario de 400 dólares, durante noviembre, diciembre …
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