Estamos a las puertas de la elección del nuevo Fiscal General de la Nación y es obvio que como sociedad nos preocupemos por tal suceso. La Fiscalía General y todo el aparataje a su alrededor constituyen una pieza clave en el funcionamiento de la administración de justicia, a tal punto que, una Fiscalía dependiente no es sino el inicio de una justicia carente de imparcialidad y al servicio de los poderes de turno.

¿Debe depender de alguien, o dar cuentas a alguien, un Fiscal General?, pues claro que si. Sus actuaciones deben depender del apego irrestricto a las leyes y a los procedimientos establecidos. ¿Cuál es la aspiración de la sociedad frente a la designación de un nuevo Fiscal?, pues que el funcionario seleccionado, sea muy capaz, sea honesto hasta la pared del frente y mantenga una independencia absoluta y salvaje de todas aquellas presiones, políticas, económicas y mediáticas, que puedan entorpecer o desviar sus elevados objetivos.

Cuando fue designado fiscal general el señor Galo Chiriboga, en los tiempos de la década bailada, me expresé totalmente en contra de tal designación pues el mencionado ciudadano había sido Embajador en España y era, el mismo gobierno que le había nombrado Embajador el que estaba auspiciando su candidatura a la Fiscalía. Un fiscal general NO puede ni debe tener ningún tipo de vinculación con el gobierno ni con los partidos políticos, es más, en el más puro sentido ético, ni al gobierno ni a los partidos les debe interesar un Fiscal “a su gusto”. Obvio, si no voy a incurrir en nada malo ni pecaminoso, no tiene porque estar dentro de mis objetivos el ser amigo del Fiscal de turno, peor aún, el luchar a brazo partido para que dirija la Fiscalía alguien accesible a satisfacer mis intereses.

Por lo expuesto, y anticipándome a los hechos, el señor José de la Gasca, ex ministro de gobierno, más allá de sus méritos y ejecutorias que las respeto en sumo grado, NO debería ni aspirar siquiera a la fiscalía general, por el solo hecho de haber sido un funcionario del actual gobierno. Su circunstancia y sus vínculos políticos, a la luz de lo razonable y moral, lo inhabilitan para tal función. (O)