La riña verbal entre el prefecto del Azuay y el gobernador de la provincia, las reacciones virulentas del alcalde de Cuenca en contra de la vocera del gobierno tras llamarle la atención, más otras acciones, interesadas a toda vista, confirmarían la sospecha: el uso politiquero del problema surgido tras el otorgamiento de la licencia ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga en Quimsacocha.

Todos pretenden salir bien librados del dilema. Por ventaja, Cuenca, la provincia, la región, saben a pie juntillas el historial alrededor de dicho proyecto minero. A su turno, tanto los gobiernos nacionales como los locales tienen su parte.

Si ahora, desde el lugar donde están no quieren reconocer, hacer un mea culpa, es su responsabilidad; igual por las recientes omisiones, silencios, o decisiones como la de entregar la tan cuestionada licencia cuya suspensión no garantiza nada, como sí lo es el revocarla. Ya tienen los informes.

Hagan cuanto deban hacer desde sus espacios de poder, en el marco del respeto, la tolerancia, menos con aspavientos; peor, de manera subliminal, pretendiendo sacar provecho de aquel multitudinario grito de “no al oro, sí al agua, a la vida”, difundido, hasta como ejemplo, al país, al continente.

Las declaraciones, unas hasta rimbombantes, que se pretenden hacer desde la Asamblea o desde el Concejo Cantonal, más allá de las buenas intenciones, demostrarían otro giro; acaso para congraciarse, para tapar los “rabos de paja”, o abanderarse de una manifestación popular ajena a propósitos insanos, a discusiones para nada dignas de la altivez morlaca.

Todos esos actores están equivocados si creen que la ciudadanía es ciega como para no ver sus intenciones soterradas.

Como autoridades, claro, deben liderar el reclamo hasta conseguir la derogatoria de la licencia, pero anteponiendo a las organizaciones ciudadanas que toda la vida se jugaron por el agua, pese a ser denigradas, ignoradas. Que esto les quede claro.