Insisto. Al país no le faltan normas; le escasean funcionarios públicos serios y formados, capaces de anteponer a la Patria por encima de cualquier intención. Decencia. Hacer las cosas bien. La Constitución —también lo hacía la de 1998; que no se diga que es culpa de la actual Constitución y de la Corte Constitucional— señala que los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son distintos a los que integran la caja fiscal central. Explico: no se mezclan. No se confunden. No se disponen. No es dinero del Estado. Al contrario, estos fondos y reservas gozan de garantías de autonomía e independencia. Dice la Constitución: “Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.”. El problema ha sido siempre las excusas para no respetar su autonomía. Miremos: el dinero del IESS es del IESS. Más claro: es dinero que cuida su función, prestaciones de la seguridad social. Intangibles. Intocables. Ni caja chica del Estado central, ni caja a achicar por el Estado central. La nueva Ley de Transparencia —ya publicada sin veto presidencial—, en realidad, busca recursos de todas partes para lograr equilibrar al Estado. Aquello está bien. El problema es cuando toca lo prohibido constitucionalmente: los fondos del IESS. La ley dispone que se condonen, por parte del IESS, multas y recargos de las instituciones o empresas del Estado. Ratito: esos dineros son parte del patrimonio y recursos del IESS. A cobrar. Establecidos legalmente. Proyectados. Diseñados. No se puede. En el …
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