Resulta casi utópico que un gobierno –del tinte sea: amarillo, rojo o morado– pueda empuñar un bisturí capaz de extirpar todos los tumores malignos enquistados en las instituciones y más allá de ellas. Sin embargo, quien ascendió al poder no por principios, valores, ideología o visión de estadista, sino por la urgencia de evitar el colapso y el retorno a populismo inmoral y delincuencial –y de paso librar al país de la miseria que devora a Venezuela, Cuba o Nicaragua–, debe entender que el pueblo espera un cambio copernicano.

Es necesario reconocer y respaldar las acciones destinadas a reducir tanto la delincuencia común como la organizada, así como a los “intelectuales” que manejan los hilos de esta perversidad. Porque ahí, en esas mentes y estructuras, están los verdaderos resortes de la violación de derechos y de la vida misma. La llamada “justicia”, mal entendida y peor aplicada, no sólo ha sido cómplice desde cortes, jueces y fiscales, sino también desde terceros actores que han hecho del delito un negocio.

Los recientes arrestos de grandes criminales y el descubrimiento de los delincuentes intelectuales que, desde oficinas o desde el extranjero, daban órdenes para sembrar caos, expandir el narcotráfico y hasta decidir quién debía morir –como ocurrió con Fernando Villavicencio– han permitido desenredar parte del ovillo de tanta miseria humana.

Pero no basta. A las instituciones judiciales y políticas antes mencionadas se suman otras que hemos denunciado reiteradamente desde esta columna: las registradoras de la propiedad y las notarías, que con frecuencia se han prestado para estas truhanerías, convirtiéndose en encubridoras del latrocinio.

Nadie dice nada sobre las notarías, esos oscuros escenarios donde se entierran robos y crímenes. Desde hace al menos un quinquenio, se señala como paradigma de inmoralidades a la notaría de Carcelén, en Quito, adonde acuden estafadores de toda calaña para “legalizar” sus pillerías. El caso del local Zona Pro es ilustrativo: decenas de vehículos fueron estafados y, para consumar el atraco, muchos acudieron a la notaría 51 a “revalidar” los robos. Su titular acumula una veintena de demandas por estafa, falsificación y uso de documentos aparentes, violación de propiedad privada, daños materiales y difusión ilegal de información restringida. ¡El fedatario sigue campante!

¿Hasta cuándo la sociedad permitirá que existan estos “terceros de la delincuencia”? ¿Hasta cuándo los organismos de control seguirán mirando hacia otro lado mientras las notarías y registrarías blanquean delitos? Es hora de abrir las cloacas del sistema registral y notarial, de exigir auditorías reales y sanciones ejemplares. (O)