La participación ciudadana es la base de toda democracia. No se trata únicamente de votar, sino de ejercer un control social activo sobre las decisiones que afectan a nuestro futuro. En el marco de una consulta popular, el deber de cada ciudadano va más allá de acudir a las urnas: implica informarse, contrastar fuentes y comprender el alcance de las preguntas. Solo así el voto se convierte en una decisión libre, responsable y consciente. Informarse previamente es un acto de corresponsabilidad que permite evitar la manipulación y fortalecer el debate público. La ciudadanía, al ejercer su derecho con conocimiento, fiscaliza de manera directa a las instituciones y líderes políticos, recordando que el poder emana del pueblo. De este modo, la consulta popular se convierte en un mecanismo de control social que legitima las decisiones colectivas y obliga a los gobernantes a actuar en consonancia con la voluntad soberana. Además, una ciudadanía informada eleva la calidad de la democracia, porque fomenta el pensamiento crítico y promueve la rendición de cuentas. Cada voto consciente es una señal clara de que la sociedad vigila, cuestiona y exige transparencia, consolidando así una cultura política de respeto, responsabilidad y justicia social. La democracia se nutre de ciudadanos activos y críticos; participar informados no es solo un derecho, es también una obligación ética con la sociedad. (O)