Las últimas leyes enviadas por el ejecutivo a la Asamblea Nacional y aprobadas por el ente parlamentario, han despertado una enorme polémica. Que si, que no debían haberlas enviado como de carácter económico urgente, que algunas de ellas no se refieren a un solo tema jurídico, que algunas de las disposiciones son inconstitucionales, que varias organizaciones presentan demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC), que los conocedores de la materia se dan lija exponiendo sus criterios en uno u otro sentido, que el gobierno organiza una marcha para defender su tesis ante la CC, que se instalan pancartas en contra de la CC, con fotos y todo. Toda disposición legal debe nacer de la exigencia o de la realidad social y, por supuesto, debe ser elaborada con experiencia y con profundo conocimiento. Las polémicas a las que estamos asistiendo, no enriquecen el proceso democrático, y más bien lo debilitan, y tienden a agotarlo, peligrosamente. El criterio sobre no aumentar los castigos en caso de reincidencia, por ejemplo, carece de sustento y no abona para el mejoramiento de la seguridad. Si un delincuente sabe que en caso de reincidencia ya no va a ser sujeto de medidas cautelares, que se van a incrementar los tiempos de encarcelación y que va a ser excluido de las rebajas, es obvio que se produzca un efecto disuasivo que, de pronto, y junto a otras medidas, pueda bajar el índice de criminalidad en el país. Y a propósito de seguridad y enredos, el decreto …










