A propósito de los cuestionamientos que se han dado al Gobierno por parte de organismos  internacionales como la ONU, y por diversos sectores ciudadanos y constitucionalistas, debido a sus ataques a la Corte Constitucional por cumplir su deber de controlar el cumplimiento de las normas constitucionales en la aprobación de las Leyes por parte la Asamblea, resulta pertinente destacar la importancia fundamental que, para un Estado de derecho y un régimen democrático, tiene el cumplimiento pleno y cabal de las normas constitucionales y legales..

Es que para que exista el Estado en su sentido moderno no es suficiente que tenga poder político, sino que es necesario que este poder esté organizado jurídicamente; siendo esto precisamente lo que distingue al Estado propiamente dicho de las formas pre modernas de organización del poder político. Gracias a que está organizado en base a una Ley suprema o Constitución, el ejercicio del poder político estatal está regulado y limitado, evitando que se transforme en un poder despótico o arbitrario. De esta forma el poder del Estado es un poder de las leyes y no de las personas, cuestión esta última que sucedió por ejemplo en las llamadas monarquías absolutistas, donde el poder de los Reyes era ilimitado y sin ningún tipo de control.

Sobre la importancia del Derecho y la Constitución, para la organización del poder político y para el funcionamiento de la sociedad, el autor Enrique Neira en su obra “El saber del poder” dice: “Se puede afirmar que: sin el Derecho el poder que gobierna la sociedad sería una fuerza ciega, incontenible y fácilmente indomable. Sin el Derecho la sociedad quedaría desamparada, a merced de la voluntad y capricho de los gobernantes de turno. El derecho racionaliza el poder político y la autoridad”.

Debido justamente a la importancia de la Constitución y de las leyes en el Estado moderno, la legitimidad de este Estado asoma como una legitimidad legal o racional, según una expresión del sociólogo alemán Max Weber. Aún más, incluso Gobiernos que han llegado al control del Estado mediante una acción ilegal o de facto, tratan de legitimar posteriormente su poder precisamente en el Derecho a partir, por ejemplo, de crear una nueva Constitución o nuevas normas jurídicas. (O)