Sí. Estamos de acuerdo. La justicia tiene dificultades: hay una ausencia de recursos humanos y materiales; las buenas excepciones de jueces probos y honestos son eso: excepciones. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde firmo?

Pero ningún discurso o campaña puede avalar o dar paso a tomarse la justicia del país. Repasemos conceptos: una cosa es depurar, fiscalizar, corregir, controlar o transformar; otra, muy distinta, es tomarse el sistema judicial. Tomarse no es para un fin de Estado, sino para un apetito de persona o grupo. Mal por quienes se prestan -en disimulo- para ello. Muy mal.

Hay voces y acciones de todo tipo. Por ejemplo, aquellas que sostienen que, si no se toma la justicia —de una vez por todas— a través del ingreso de nuevos jueces por concursos flash (no establecido su mecanismo en la ley, como exige la Constitución) y sin período fijo, no se puede solucionar el problema. Cuidado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en contrario sentido, exige jueces con estabilidad y no de temporada, para garantizar independencia y no dependencia a ningún poder. Clarito está.

Se suman las críticas desmedidas que buscan posicionar —entre ignorancia y despotismo— el discurso de un autoritarismo de ruptura al orden constitucional. Entonces, urgente, hay que preguntarse (recordarles): acaso para los casos de depuración del sistema judicial más reciente, y que entregó esperanza al país —metástasis, purga, plaga o pantalla—, ¿se requirió tomarse la justicia? La ex fiscal valiente, Diana Salazar, ¿necesitó atacar al Poder Judicial o ingresar jueces funcionales para encontrar a las bandas y bandidos en su interior? Seamos serios.

No hay excusas. En este país abundan disposiciones y fórmulas jurídicas para hacer las cosas bien. Lo que se requiere es personalidad, valentía y decisión. Pensar menos en los intereses del metro cuadrado o de grupo, para pensar en la Patria. Lo otro, cualquier intento de tomarse el Poder Judicial es romper el modelo de Estado constitucional, coartar la democracia, debilitar la institucionalidad y entregar carta abierta —no a persecuciones— sino a la discrecionalidad de la actuación de servidores funcionales. Imagine usted tener que someterse ante un juez que depende de las órdenes de un poder ajeno (que usted no conoce). O lo que es peor: un juez con miedo de hacer las cosas en Derecho por temor a ser destituido si sentencia en contra del Estado, porque recibió la orden de alguien (de por ahí) de no hacerlo.

No es menor. Repitamos: no es menor. Hay que ser serios. (O)